No pintan bien las cosas para Sony, como era de esperar. Las acciones de la compañía han caído hasta un 5% esta semana como consecuencia del ataque que ha comprometido los datos bancarios de más de 70 millones de usuarios.
La brecha ha sido descrita por las principales firmas de seguridad como una de las más graves en años, estimándose pagos de $20 por cada uno de los 77 millones de afectos, lo que arroja una compensación superior a los 1.500 millones de dólares. De hecho, si tenemos en cuenta que el coste de investigar un ataque de este tipo asciende a $318 por cuenta, Sony podría acabar desembolsando más de 24.000 millones de dólares con tal de esclarecer por completo la intrusión.
El ICO británico (The Information Commissioner's Office) por su parte, también amenaza con una multa superior a las 500.000 libras, dado su compromiso con la protección de tan sensible información personal.
Hay más. ¿Qué ocurriría si la Corte californiana terminase dando la razón a Kristopher Johns de Birmingham (Alabama) en su demanda contra Sony? Éste es previsiblemente el primero de los muchos litigios a que podría enfrentarse la compañía, acusada de irresponsable por "no proteger, encriptar y asegurar la privacidad de la información de sus usuarios".
El demandante reprocha a Sony su falta de transparencia y lentitud a la hora de comunicar las consecuencias del ataque, lo que robó a millones de usuarios un valioso tiempo de reacción durante el que podrían haber cancelado sus cuentas entre otras medidas. Johns pide ahora servicio de monitorización crediticia a cuenta de Sony y un pago compensatorio, algo que de concedérsele motivaría miles de nuevas demandas amparadas en la favorable resolución.
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